Defensa, Hacienda y temas tabú

Ernesto Silva

La llegada de Allamand al Ministerio de Defensa ha estado marcada por una fuerte agenda pública. Además de la discusión sobre la adquisición de una propiedad para la jefatura del Estado Mayor Conjunto y de la renuncia del oficial a cargo, se sumaron las indagaciones de Contraloría sobre ciertas decisiones, y la crítica al voleo de la Concertación a la trayectoria del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto.

Pero el debate no se ha limitado sólo a problemas puntuales, sino que se ha extendido a temas que implican palabras mayores en términos de decisiones públicas.

La primera de ellas fue la decisión de traspasar la administración de ciertos fondos de Defensa al Ministerio de Hacienda. La segunda, en días recientes, fue el anuncio presidencial referido ya no a la administración de los recursos sino al tema de fondo, es decir, la Ley Reservada del Cobre y la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas.

Algunas reflexiones sobre estas decisiones. El traspaso de la administración de los fondos desde Defensa a Hacienda es sólo una medida administrativa, y totalmente correcta. La administración de los fondos de Defensa consiste en asegurar una buena política de inversión para los recursos, independiente de su ejecución y las decisiones de compra de armamento que puedan tomar dentro de sus funciones las propias Fuerzas Armadas. Hasta ahora la política de inversiones de los fondos era gestionada por los propios uniformados sin que conociéramos los criterios ni el rendimiento de las inversiones. Por su parte, el Ministerio de Hacienda desde hace años administra dos fondos muy importantes para el país y lo hace con éxito: el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económico y Social. Ambos son administrados por la Unidad de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, sometidos a altos estándares, y asesorados por un Comité Financiero, tal como sucederá a partir de ahora con los fondos de Defensa. Sin duda una buena decisión que, a pesar de ser sólo una medida administrativa, constituye un paso para superar la mítica barrera que ha separado a Defensa de Hacienda.

El anuncio de convocar a un acuerdo nacional para modificar la Ley Reservada del Cobre y el financiamiento de las Fuerzas Armadas es una medida positiva, pero que vale la pena mirar con cautela. La norma actual obliga a destinar un 10% de las ventas de Codelco al financiamiento de las Fuerzas Armadas, asegurando recursos sin depender de la contingencia política. Pero de la mano de esta medida positiva en financiamiento, que existe en esta modalidad desde los años 80, pero cuyo origen se remonta a los años 30, existen normas de secreto que no se condicen con nuestra realidad democrática actual.

Por ello, si bien se trata de una idea positiva, la concreción de su contenido es fundamental y recién ahora se inicia el debate verdadero. Se ha señalado que el 10% de las ventas de Codelco será reemplazado por un sistema presupuestario multianual, lo que constituye -a mi juicio- en un supuesto básico para lograr un avance en la materia y al mismo tiempo asegurar que las Fuerzas Armadas puedan disponer de los recursos para cumplir su misión definida en el ordenamiento jurídico.

La temporada veraniega da inicio a discusiones de fondo en materia de Defensa y Hacienda pública. Lo importante -una vez que el tema ha entrado a la agenda- es que seamos capaces de construir un buen acuerdo. No vale la pena en esta materia avanzar demasiado rápido. Lo que de verdad importa es avanzar bien.